Mariano Castro Sánchez-Moreno
8 julio 2020

Es importante que la opinión pública cuente con información veraz y oportuna sobre el Acuerdo de Escazú, así como también que las decisiones del Congreso de la República no se basen en la desinformación o la mentira. En los últimos días se han publicado algunas entrevistas y artículos con sorprendentes comentarios sobre el Acuerdo de Escazú, que no tienen fundamento jurídico alguno y que faltan de manera flagrante a la verdad.

Por ello, este texto busca contribuir a que el diálogo sobre la ratificación del Acuerdo de Escazú se realice en base a nuestro marco constitucional y a información veraz.

Previamente a las aclaraciones, conviene precisar algunos aspectos sobre el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, denominado “Acuerdo de Escazú” (1). Desarrolla tres derechos interdependientes: el derecho a acceder oportuna y efectivamente a la información ambiental; el derecho a participar en la toma de decisiones que afecten el ambiente, y el derecho a acceder a la justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes y derechos ambientales o el resarcimiento por daños. Además, incluye disposiciones sobre los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

El Acuerdo de Escazú desarrolla principios que han sido internacional y nacionalmente adoptados durante los últimos 28 años, desde la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en nuestra Constitución y legislación nacional.  Al respecto es un referente importante el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el que destaca que “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda”. Es decir, la solución a los problemas ambientales y climáticos exige una visión común y la cooperación de todos.

El Acuerdo de Escazú es un tratado internacional generado por los propios países de América Latina y El Caribe para atender nuestras propias necesidades de mejoramiento de democracia y transparencia en materia ambiental, especialmente con criterios para mejorar el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales en nuestra región…

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