Deberá pagar 10 millones de euros por incumplir reiteradamente las recomendaciones del Consejo de Estado para reducir la contaminación

El Estado francés ha sido condenado este miércoles a pagar 10 millones de euros por no haber reforzado suficientemente su sistema contra la contaminación atmosférica, una cantidad récord para una decisión calificada de antemano como “histórica” por las ONG.

La suma, la más alta jamás impuesta por obligar al Estado a aplicar una decisión de la justicia administrativa, refleja el reiterado incumplimiento de los sucesivos gobiernos de las medidas cautelares del más alto tribunal administrativo francés.

La primera decisión en este caso emblemática de un problema que mata a 40.000 personas al año en Francia, se remonta a julio de 2017.

Los gobiernos franceses han incumplido reiteradamente las medidas impuestas por el Consejo de Estado

Posteriormente, el Consejo de Estado ordenó al Estado implementar planes para reducir los niveles de partículas PM10 (diámetro menor o igual a 10 micrones) y / o dióxido de nitrógeno (NO2, en particular asociado al tráfico rodado) en trece zonas.

Pero tres años después, a pesar de las hojas de ruta adoptadas, la justicia señaló valores aún excedidos en ocho de ellas, y dio seis meses al Estado para endurecer sus medidas.

A finales de enero de 2021, el Consejo de Estado lanzó un análisis para evaluar las nuevas políticas, en particular la generalización planificada de zonas bajas en emisiones que limitan el tráfico en las grandes ciudades, planteada por el Estado.

Pero si los jueces notan una mejora en varias de las áreas en cuestión, señalan con el dedo una superación de los umbrales límite de contaminación o un retorno “no consolidado” por debajo de estos umbrales en cinco aglomeraciones de NO2 (París, Lyon, Marsella-Aix, Toulouse y Grenoble) y en París para PM10.

“No se puede considerar que el Estado haya tomado las medidas suficientes para garantizar la plena ejecución de las decisiones” de 2017 y 2020, creen.

“Si todas las medidas planteadas por el Ministro (de la Transición Ecológica) tuvieran el efecto de continuar mejorando la situación observada hasta la fecha, las incertidumbres en torno a la adopción o las condiciones para la implementación de algunas de ellas, así como la la ausencia de una evaluación fiable de sus efectos en las zonas en cuestión, no permiten, en el estado de la investigación, considerar que es probable que pongan fin a los rebasamientos aún observados o que consoliden la situación de no rebasamiento ” , insiste en la decisión.

El Estado tendrá que volver a pagar 10 millones de euros si no mejora sus actuaciones en el segundo semestre de 2021

Esta cantidad de 10 millones de euros corresponde al primer semestre de 2021.

El Consejo de Estado revisará a principios de 2022 las actuaciones del Gobierno para el segundo semestre del año y podrá “volver a ordenar el pago de una nueva multa de 10 millones de euros, que posiblemente se incremente o se reduzca”, dijo en un comunicado el más alto tribunal administrativo francés, cada vez más activo en materia medioambiental.

A partir de las recomendaciones del relator público a mediados de julio, que había solicitado la misma suma, las ONG solicitantes habían apostado por una decisión “histórica”.

“Si el Consejo de Estado sigue las conclusiones del relator público, esta sanción será histórica y fortalecerá el papel clave que juega la justicia administrativa en la lucha contra el cambio climático”, declaró entonces Amigos de la Tierra, originario de esta acción, y Paz verde.

En general, las sanciones se pagan con cargo al presupuesto del Estado, pero siendo el propio Estado el deudor en este caso, los jueces han innovado en cuanto a beneficiarios.

El dinero de la multa irá a la ONG Amigos de la Tierra y a varios organismos públicos dedicados a la lucha contra la contaminación

El Consejo de Estado asignó así 100.000 euros a Amigos de la Tierra.

El resto se reparte entre varios organismos públicos dedicados a la lucha contra la contaminación atmosférica (Ademe, Cerema, Anses, Ineris) y cuatro asociaciones regionales de vigilancia de la calidad del aire.

Si bien algunos solicitantes exigieron el establecimiento de un fondo específico que podría financiar proyectos dedicados a la lucha contra la contaminación del aire, a las ONG les preocupa que el Estado reduzca el presupuesto de estas organizaciones en consecuencia.

Esta frase sigue a otra decisión “histórica” del Consejo de Estado, que refleja la proliferación de acciones legales en todo el mundo para pedir a los estados y empresas que hagan más para proteger el planeta.

El 1 de julio, los jueces le dieron al estado nueve meses para tomar medidas adicionales contra el calentamiento global. Al final de este período, si consideraban que las medidas aún eran insuficientes, podían volver a imponer una sanción pecuniaria.

Fuente: AFP PARÍS – www.lavanguardia.com